Cambio y Debate/ Jaime Ortega. La campaña de las asociaciones pro familia en contra de Educación para la Ciudadanía, que en la provincia de Guadalajara ha afectado solo a tres alumnos o las dotaciones policiales para proteger a la familia Saboya y a sus bienes cuestan diariamente al Estado miles de euros provenientes de los contribuyentes. Sin embargo, los medios de subsistencia de los familiares afectados por el cierre de AVICU o las reinvindicaciones memorialistas de familiares de víctimas del franquismo son enteramente sufragados por los afectados.
Educación para la Ciudadanía
Las campañas judiciales de las asociaciones pro familia en materia de recursos, objeciones, salarios de fiscales y jueces, tiempo perdido ante la incidencia del problema costaría eventualmente al Estado 300 euros por día en Guadañakara, si se calcula el prorrateo de los diferentes funcionarios públicos que intervienen en el proceso. En Guadalajara, tres han sido solamente los objetores a esta asignatura.
Saboya
Las dotaciones policiales y el cuerpo de funcionarios de Juzgados destinados a la protección y resolución del vaciamiento económico de las sociedades que son propiedad de esta familia le cuesta al Estado, haciendo una media ponderada por días, incidentes, y personal dedicado, en torno a los 600 euros diarios. Esto comprende a los funcionarios policiales destinados a la vigilancia de sus propiedades y el personal del cuerpo judicial dedicado en exclusiva a ello. No hemos podido contabilizar los gastos que supondría para el Fondo de Garantía Salarial(FOGASA) la gestión del problema.
Mientras tanto…
Los trabajadores de AVICU y sus familias, con hipotecas y grandes cargas familiares, han recibido solamente del Estado una media de 35 euros por persona, ni más ni menos, en concepto de ayudas públicas.
Los familiares de víctimas del franquismo que no han podido encontrar a sus familiares fusilados y ubicados en fosas comunes, sufragan íntegramente sin ninguna ayuda pública los gastos de excavación y reconocimientos forenses, al igual que los gastos de representación jurídica ante los tribunales.
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