Cambio y Debate/ Editorial. El informe policial remitido al Juzgado de Instruccón nº 4 de Guadalajara y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial no es inocente. A pesar de los errores de siglas y de ubicación ideológica, hace una valoración política de la actividad de los movimientos sociales, y sienta un peligroso precedente donde dice claramente que las detenciones que se llevarán a cabo a partir de ahora no serán por la comisión de delitos, sino por la militancia de los afectados.
El relato de la actividad habitual que, según la Policía, realizan estos movimientos sociales es una prueba evidente de seguimientos y controles que no tenían como fin probar una actividad delictiva, porque realmente no había ninguna actividad delictiva detrás de estas conclusiones.
Antisistemas, radicales,…un lenguaje que parece haberse sacado de un reportaje de “investigación” de Mercedes Milá o del diario ABC, queda reflejado en un informe oficial que tiene como objetivo condicionar el futuro del Juicio abierto contra los nueve militantes antifascistas que el pasado 28 de abril ocuparon pacíficamente la sede del PSOE, en respuesta a lo que ellos consideraban una complicidad directa en la concesión de un permiso de manifestación a una organización neonazi, mientras la propia Policia Nacional reprimía y secuestraba bajo la lluvia y durante tres horas a las personas que se concentraron en repudio a dicha ignominia.
En teoría queda claro que ese informe refleja algo que todo el Cuerpo Nacional de Policia tiene en la boca, pero que por ingenuidad, por una falsa creencia en algún tipo de límite ético de las autoridades o por algo similar, nadie se atrevía a creer o a demostrar con datos.
Bien, pues ya está. La Policía Nacional habla de política y mucho, y ante la crisis económica tiene bien orientado la mira contra los que tienen tanto que decir y sobre todo, que combatir.
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